En México tenemos un serio debate nacional desde hace algunos meses entre la ciudadanía, el Gobierno, algunos Consejeros Ciudadanos y los partidos opositores, por la renovación del Instituto Nacional Electoral (INE).

A muchos les podrá ser indiferente este tema, sin embargo, no hay que olvidar que nos guste o no, los cambios en el INE repercutirán para las próximas elecciones presidenciales en México y más aún, en las de este año en el Estado de México y Coahuila.

Y no es poca cosa, porque no sabemos aún si tendremos un INE reformado o seguiremos con el INE como está. O lo que es lo mismo, a todos nos afectará negativa o positivamente, de acuerdo con lo que pensemos que deba ser nuestro máximo órgano electoral ciudadano.

Aunque el episodio parece ser otro soso y estéril debate entre grillos es, en realidad, una reforma legal que nos va a afectar a todos, por lo que nadie debe voltear hacia otro lado.

El origen de la polémica

Lo que detonó este ambiente de encono entre algunos Consejeros Ciudadanos, partidos opositores, Gobierno y ciudadanos, fue la iniciativa Presidencial de reforma a la Constitución, que implicaba modificarle hasta el nombre al INE y eliminaba cargos y sueldos altos a los consejeros.

Sin embargo, esta reforma al INE no fue aprobada por la Cámara de Diputados porque necesitaba los votos de las dos terceras partes de los diputados y no los tuvo.

Ante ese rechazo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el que ahora todo mundo conoce como el famoso “Plan B”, es decir, una segunda opción de reformas a leyes que no tienen carácter constitucional y para las cuales solamente necesitó mayoría simple.

Esta iniciativa presidencial fue aprobada por ambas Cámaras, en donde la mayoría de MORENA, PT y Verde Ecologista avalaron cambios al órgano electoral, reduciéndolo en tamaño y cambiando algunas disposiciones administrativas que modifican la estructura del INE.

¿En qué consiste la reforma al INE de AMLO?

Dicha iniciativa pretende un ahorro estimado de unos 24 mil millones de pesos al plantear ajustes en la burocracia electoral, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos. Además de que sanciona severamente la entrega de dádivas en los tiempos de campaña. Obliga a una retabulación de salarios para que ningún Consejero Ciudadano gane más que el Presidente de la República y elimina seguros de gastos médicos mayores, obligando a que los funcionarios se den de alta en el ISSSTE.

Por el lado de la oposición, argumentan que el Presidente pretende hacerse del control del INE para poder manipular las elecciones. Los partidos como el PRI, PAN y PRD, junto con algunos Consejeros Ciudadanos del INE, como su presidente Lorenzo Córdova, algunos intelectuales y exministros de la Corte, identificados con la derecha, han organizado dos marchas ciudadanas, exigiendo respeto bajo el lema del “INE no se toca”.

Ellos argumentan que el “Plan B” quita facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado.

El INE ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña, por parte de quienes ocupen cargos públicos, al modificar lo que se considera propaganda política. Además de que afectará a 6 mil funcionarios de ese instituto, que tendrán que ser despedidos.

Propone que los procesos electorales comiencen en noviembre y no en septiembre, como estaba previsto antes. Los procesos para capacitar a los ciudadanos serán más cortos, por ejemplo, así como su selección para integrarse a las mesas de casilla.  Y además la iniciativa garantiza el voto electrónico.

Al publicar el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación el “Plan B”, empezó la fase de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Lorenzo Córdova y los partidos opositores, lo que muchos ven como un proceso judicial de pronóstico reservado porque no se sabe hacia dónde se inclinará la balanza de los magistrados.

Por su parte, MORENA y el Presidente cuestionan el activismo de Lorenzo Córdova -quien en unos días dejará de ser Consejero Ciudadano-, al decir que forma parte de la oligarquía antidemocrática y corrupta, que busca seguir manejando las elecciones.

La moneda está en el aire.