El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó en primera vuelta un paquete de reformas constitucionales que busca impedir que personas con antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de pensión alimenticia puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.

El dictamen, presentado en tribuna por la diputada Armida Serrato, fue aprobado por unanimidad y forma parte de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, una medida que se ha impulsado a nivel nacional para garantizar que quienes aspiren a cargos de representación cuenten con un historial libre de violencia o deudas alimentarias.

Las reformas modifican diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, entre ellos el 56, 71, 118, 136, 144, 158, 162 y 172, con el fin de establecer como requisito de elegibilidad no contar con antecedentes penales por violencia familiar, delitos sexuales, violencia contra las mujeres o ser deudor alimentario moroso.

«La suspensión de derechos ciudadanos aplicará para quienes hayan cometido estos delitos o incumplan sus obligaciones alimentarias. Esta reforma envía un mensaje claro: quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar», señaló Serrato durante su intervención.

Con esta aprobación en primera vuelta, el dictamen continuará su proceso legislativo para su eventual ratificación final.